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miércoles, 18 de marzo de 2015

Movilización en respaldo al Pliego Estatal

Este jueves 19 de marzo 

Jornada nacional de movilización en respaldo al Pliego Estatal y contra el Proyecto de Plan de Desarrollo

Las federaciones estatales adscritas a las tres centrales sindicales, y 4 de los sindicatos más importantes del sector estatal: USO, Fecode, Anthoc y Sintraunicol, se unirán este jueves en una gran jornada nacional de protesta y movilización.

Jornada que tiene como objetivo visibilizar la inconformidad del movimiento sindical estatal contra el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, cuya discusión ya se inició en el Congreso, e incluye medidas estructurales lesivas a los intereses de los ciudadanos y los trabajadores.

El otro objetivo es exigirle al Gobierno respuesta positiva a las peticiones que las centrales sindicales y federaciones estatales consignaron en el Pliego De izq. a der., los líderes de la USO (E. Castaño), Unificado, y en los más de 320 plie- Sintraunicol (Mª Montoya), Fecode ( Luis Grubert) gos presentados el 26 de febrero por y Anthoc (Yesid Camacho).

los sindicatos de empleados públicos.

Las negociaciones del pliego de Fecode y del Pliego Unificado ya se iniciaron, este último con exigencias centradas en tres puntos básicos: aumentos salariales, formalización laboral y garantías sindicales. Se espera que también se inicien las negociaciones en las entidades estatales del orden nacional, local y territorial, cuyos nominadores en muchos casos se han mostrado indiferentes o reacios.

La movilización de este jueves fue aprobada desde el mes de febrero en el marco del Encuentro Nacional Estatal, y se desarrollará en Bogotá y las diferentes capitales del país entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.

Según Fabio Arias, Secretario General de la CUT, la situación coyuntural del país ha propiciado que a la movilización estatal se sumen otros sindicatos y organizaciones sociales. Una de ellas es la USO y los trabajadores del sector minero-energético, en protesta porque la crisis propiciada por los precios internacionales de las commodities se quiere descargar sobre los hombros de los trabajadores. Pero también en protesta por los puntos del Plan de Desarrollo que, según la USO, son contrarios a los intereses del país y pretenden entregar las reservas mineras y petroleras a las multinacionales.

Arias también dijo que sectores estudiantiles han manifestado su interés de sumarse a la jornada de protesta, en vista de que las promesas y anuncios que el Gobierno había hecho para fortalecer la educación pública, no quedarán incorporados en el Plan de Desarrollo. Asimismo se espera la participación del gremio camionero y sectores agrícolas que se sienten perjudicados por el Plan de Desarrollo y las políticas del Gobierno.

Se moviliza la USO

La Unión Sindical Obrera, USO, tiene un motivo adicional para protestar: las masacres laborales que se vienen dando en el sector petrolero, que ya completa unos 10 mil despidos. Edwin Castaño, presidente nacional de esta organización, confirmó su vinculación a la jornada con un paro de 24 horas, que puede incluso dar inicio al paro indefinido que la USO viene plantando desde la semana pasada.

“Es un paro en respuesta a los despidos masivos y las intenciones del gobierno de Juan Manuel Santos de privatizar, enajenar o vender los activos de Ecopetrol, a lo cual nos oponemos; pero también al proceso de descapitalización que ha sufrido nuestra empresa”, indicó Castaño, quien anunció se ya vienen adelantando reuniones con las comunidades de incidencia petrolera, lo mismo que una serie de mítines de protesta.

“La movilización de este jueves la entendemos como un calentamiento de acciones más fuertes, en la medida en que el Gobierno no atienda los reclamos los trabajadores estatales y las de otros sectores como el minero-energético, con la USO a la cabeza, que puede terminar en paros nacionales. Hay un buen ánimo en ese sentido”, señaló finalmente el secretario de la CUT, Fabio Arias.

Tomado de: Agencia de de Información Laboral ENS 

Permiso para la jornada de protesta - marzo 19


LA UNIÓN... ES EL RESULTADO DE NUESTROS LOGROS!!!

UN LOGRO: LA RE-ESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD UN LOGRO CONJUNTO DE DIALOGO Y CONCERTACIÓN, DONDE NUESTRA ORGANIZACIÓN CONSIGUIÓ QUE NINGÚN COMPAÑERO RESULTARA DESPEDIDO EN ESTE PROCESO.

Nuestra Organización Sindical acaba de RADICAR NUESTRO PRIMER PLIEGO ESTATAL en la historia de nuestra organización. Por más de cincuenta años no se había dado este hecho tan trascendental para nuestro sindicato. Este logro es fruto del trabajo en conjunto de todos nuestros compañeros a nivel nacional.

Gracias infinitas damos a Bucaramanga, Cali, Bogotá, Antioquia y todos aquellos los que trabajaron para lograr incluirnos en el pliego de los estatales. Por esta razón todos nosotros como compañeros, debemos apoyar y MOVILIZARNOS en un gran bloque de unidad con todas las organizaciones estatales el próximo 19 de de marzo, con mitines informativos en nuestras oficinas y así enterar a nuestros compañeros de este logro.

¡¡¡Es una lucha que en bloque lograremos todos unidos!!!

EL PASADO 23 DE FEBRERO SE REALIZÓ ASAMBLEA NACIONAL!!!

El Pasado 23 de febrero se realizó en la ciudad de Bogotá la Asamblea Nacional, donde nuestros compañeros eligieron la nueva junta directiva de nuestra organización sindical.

Acá están los compañeros y sus cargos respectivos:

Presidente: Luis Fernando Rivera - Oficina de Registro Zona Norte Bogotá
Vicepresidente: Mariela Arias Rodríguez - Bucaramanga
Fiscal: Orlando Buitrago Roa - Oficina de Registro Zona Sur Bogotá
Secretaría de Educación y Comunicaciones: Noralba Sánchez Ríos - Oficina de Registro Zona Norte Medellín
Secretaría de Finanzas: El Compañero Venovit
Secretaría de Quejas y Reclamos: Gladys Uribe - Oficina de Registro Zona Sur Bogotá 
Secretaría de Relaciones Intersindicales: Victor Alegrio - Oficina de Regristro de Cali
Secretaría de Bienestar Social - Luis Fernando Bermudez - Oficina de Registro Zona Norte Bogotá

domingo, 15 de marzo de 2015

Plan de acción de coordinadora de sindicatos sector estatal



DE: COORDINADORA ESTATAL (Centrales sindicales y Federaciones de estatales)

PARA: SINDICATOS SECTOR ESTATAL

ASUNTO: PERFECCIONAR PLAN DE ACCIÓN

Apreciados compañeros:

El lunes 2 de marzo, se reunieron los negociadores designados por las centrales y las federaciones, del Pliego Marco y los negociadores de los pliegos sectoriales, con el fin de precisar la táctica a desarrollar en esta coyuntura. Luego de una amplia discusión, por unanimidad hemos acordado lo siguiente:

1. Acelerar la negociación del Pliego Marco, lo sectoriales, incluido el de Fecode.

2. Articular la defensa del pliego y la lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo, que limita los derechos de los trabajadores.

3. Realizar el viernes 13 de marzo seis encuentros regionales de TODOS los estatales.

3.1. Bogotá (incluye Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Llanos Orientales)

3.2 Costa Caribe, Barranquilla (incluye Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico, Córdoba y Cesar)

3.3. Santanderes, Bucaramanga (incluye Santander del Norte, Santander, Arauca)

3.4. Suroccidental Cali (incluye Valle del Cauca, Cauca, Nariño)

3.5. Eje Cafetero Medellín (incluye Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó)

Son responsables de organizar estos seminarios las subdirectivas de las centrales, los sindicatos del magisterio de la región y Sintraunicol. El objetivo de estos encuentros es preparar la movilización nacional en defensa de la negociación colectiva, que realizaremos la tercera semana de marzo.

4. El domingo 15 de marzo, se publicará un aviso de prensa en el Diario el Espectador, de Fecode y otro de los estatales, cuyo costo será asumido por Fecode.

5. Los programas –Encuentro- y –Contrastes- de Fecode, en las próximas ediciones estarán dedicados al tema de la negociación colectiva en el sector público.

6. convoca para el miércoles 4 de marzo, a las 8:00 horas, en la CTC, a los responsables de comunicaciones de las centrales y de las federaciones de estatales.

7. elaborará un afiche alusivo a la movilización.

6. Se reproducirá masivamente los pliegos radicados el jueves 26 de febrero.

7. Se reitera las reuniones de coordinación todos los lunes, a las 2:00 p.m., en la sede de la CUT Nacional.

Firman:

CUT – CGT – CTC – FECODE – FENALTRASE
UNETE – UTRADEC – FENASER – FECOTRASERVIPUBLICOS – ISP

Pliego nacional del Sindicato Unitario Nacional de trabajadores del Estado -Sunet-



“SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO - SUNET

PLIEGO NACIONAL DE NEGOCIACIÓN SINDICAL 2015

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET, organización sindical de primer grado, sindicato mixto y representativo de la rama de actividad estatal, identificado con personería jurídica I-098 del 20 de octubre de 2011,; y con fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política Colombiana en sus artículos 1, 2, 23, 38, 39, 53, 55, 56 y 58, los Convenios Internacionales de la OIT 151 de 1978 y 154 de 1981, relativos a las relaciones de trabajo en la administración pública y al fomento de la negociación colectiva, incorporados en la legislación nacional mediante las Leyes 411 y 524 que forman parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 93 superior, atendiendo al carácter de Estado Social de Derecho de la República de Colombia, y el Decreto 160 de 2014; presenta al gobierno nacional el pliego de solicitudes mediante el cual se pretende regular las condiciones laborales de los empleados del sector público.

Las peticiones son las siguientes:

PARTES Y CAMPO DE APLICACIÓN

Son partes negociadoras del presente pliego de solicitudes: El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET identificado como se señaló en la parte inicial del presente pliego y filial de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, en representación de sus afiliados y de los empleados/as públicos del país vinculados/as al servicio del Estado de una parte, y por la otra el gobierno nacional en cabeza de los voceros que formalmente designe el Presidente de la República para el efecto.

Para efectos de la negociación del presente pliego de solicitudes la parte empleadora se denominará EL GOBIERNO NACIONAL y la parte sindical en cabeza del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, se denominará EL SUNET.

El acuerdo resultante de la negociación del presente pliego de solicitudes, beneficiará a todos los empleados públicos al servicio del Estado en todos sus niveles y entidades conforme con lo dispuesto en el artículo 7 numeral 1º del decreto 160 de 2014, siempre que la aplicación del mismo no resulte menos favorable que las condiciones pactadas en el marco de la negociación particular por entidad de que trata el numeral 2 del mismo artículo y norma.
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

1.1. Revisión ley 617: El GOBIERNO NACIONAL modificará el carácter fiscalista de la ley 617 y sus efectos fiscales para hacer posible el proceso de equilibrio entre inversión y funcionamiento. A tal efecto presentará al Congreso de la República un proyecto de Ley por medio del cual se modifique el artículo 3, inciso 1, y los artículos 4, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 26, 77 inciso 3 (Relativo a las cooperativas de trabajo asociado), y 88, de la mencionada Ley.

1.2. El Estado se compromete a avanzar en una función pública que priorice los siguientes aspectos:
Los servicios públicos a cargo del Estado, se prestarán mediante organismos públicos y con personal dedicado institucionalmente a ello, vinculado con pleno respeto de la formalidad laboral y el trabajo decente. Se prescribirá qué nuevos servicios sean privatizados y se avanzará en una política de recuperación paulatina de los que hoy lo están, garantizando el empleo del mérito como principio.
El respeto al medio ambiente.
Un servicio público de calidad en lo sustancial más que simplemente en los procesos.
El fortalecimiento de la inspección laboral cuantitativa y normativamente.
La lucha contra la corrupción.
BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR

2.1. Programas de vivienda para servidores públicos: El GOBIERNO NACIONAL se compromete para con los trabajadores de nuestras organizaciones a expedir un acto administrativo (Ley, decreto o resolución) por el cual el gobierno autorizará la disposición de recursos para la financiación de vivienda de los empleados públicos de las entidades del Estado del orden territorial, departamental, o nacional, para créditos o subsidios de vivienda con cero intereses, o para la financiación de los proyectos que sean creados por las organizaciones sindicales, o sean auspiciados a través de las entidades e instituciones competentes en cada región, entre ellas: Las cajas de compensación familiar, las entidades municipales creadas para este fin, los bancos, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras entidades e instituciones, de carácter público o privado.

2.2. Seguro colectivo: El GOBIERNO NACIONAL se compromete para con los trabajadores de nuestras organizaciones a exigir a todas las instituciones de carácter permanente la contratación de un seguro de vida colectivo para todos sus trabajadores, excepto para los ocasionales, que tenga como finalidad cubrir el riesgo de muerte por cualquier causa, ampliado al núcleo familiar (padres, hijos, cónyuges).

2.3. Jornada laboral para padres y madres con hijos especiales: Dando aplicación a las recomendaciones hechas por la OIT mediante convenio C-155 de 1981, el GOBIERNO NACIONAL, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del presente acuerdo, un proyecto de ley orientado a reducir en una hora diaria la jornada laboral de los padres y madres que tengan a su cargo hijos especiales, y la flexibilización de su horario de trabajo, de acuerdo con las necesidades de cada caso.

2.4. Ampliación del retén social: El GOBIERNO NACIONAL se compromete para con los trabajadores vinculados a nuestras organizaciones sindicales a expedir un decreto, o a presentar un proyecto de ley, si es necesario, mediante el cual se amplíe la figura del Retén Social a todos los servidoras/es públicos que al momento de la reforma de la entidad, de la liquidación, o de su reestructuración, o que deban ser retirados de sus cargos como resultado del concurso de méritos, o de cualquier otra situación que afecte su estabilidad laboral, a todas aquellas personas que padezcan enfermedad crónica o terminal, o enfermedad laboral o profesional diagnosticada, que sean padres o madres cabezas de familia, o que sean líderes sindicales con fuero, mayores de cuarenta y cinco años.

2.5. Protección y servicios sociales: Estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, recreación, identidad y aprendizaje del empleado y su núcleo familiar, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN.

3.1. Acceso de servidores/as a becas y créditos del Icetex: El GOBIERNO NACIONAL se compromete a que dentro de los tres meses siguientes a la firma del presente acuerdo, se establezcan los criterios jurídicos que permitan crear, en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, un fondo para la administración de los recursos aportados por los municipios para el desarrollo de programas de educación formal de sus servidores/as.

El Icetex no cobrará por la administración de recursos en los convenios con entidades territoriales.

3.2. Estímulo al Ingreso a universidades públicas y a la formación profesional de los servidores/as públicos: El GOBIERNO NACIONAL se compromete para con las organizaciones firmantes del presente acuerdo a promover la expedición de normas que favorezcan a los servidores públicos en el ingreso a programas de formación profesional en la modalidad de pregrado y especialización en universidades e instituciones del Estado con descuentos preferenciales.

Adicionalmente el Estado favorecerá los convenios de cooperación académico que suscriban los centros educativos, públicos y privados con las instituciones públicas y las organizaciones para el desarrollo de programas de educación formal e informal como la UNAD y la ESAP. Igualmente apoyará convenios entre organizaciones sindicales y universidades públicas o privadas para la ejecución de recursos del Estado con fines educativos.

3.3. Criterios de formación y capacitación de servidores/as públicos: Se dará prelación para la formación y capacitación de empleados al servicio del Estado a instituciones oficiales como la Esap o privadas mediante convenio. Las entidades financiarán total o parcialmente tales procesos formativos Dichas instituciones académicas estarán facultadas para facilitar el desarrollo de programas sociales del estado (asignación de judicantes, pasantes, investigadores, realización de foros, difusión de políticas públicas, etc.)
CARRERA ADMINISTRATIVA.

El Presidente de la República en ejercicio de su competencia constitucional y legal, en un término máximo de seis meses ordenará a quien corresponda la realización de las siguientes tareas, el desarrollo de los proyectos correspondientes, o las investigaciones pertinentes:

4.1. Ampliación de las plantas de personal: El GOBIERNO NACIONAL se compromete, para con los firmantes del presente acuerdo a adoptar las medidas necesarias para ampliar las plantas de cargos en las entidades oficiales atendiendo los criterios establecidos por la ley y la jurisprudencia respecto de la formalización laboral. Se atenderá especialmente a las sentencias C-614 de 2.009 y C-171 de 2.012 de la Corte Constitucional y el artículo 17 de la Ley 909 de 2004.

4.2. Contenidos básicos de evaluación para el ingreso a cargos públicos: Dentro de los seis meses (6) siguientes a la firma del presente acuerdo, las partes junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil, establecerán un instrumento especial para la evaluación de desempeño de los nuevos funcionarios en la administración pública.

4.3. Comisión de personal: El Presidente de la República presentará al Congreso de la República un proyecto de Ley en el cual se modifique el artículo 16 de la Ley 909, en cuanto a la conformación de las comisiones de personal, para que se incluya como integrante de la misma, un representante de las organizaciones sindicales, para las entidades en donde éstas existan éstas organizaciones, para lo cual se aplicará el principio de proporcionalidad por afiliados.

4.4. Representación sindical en la comisión nacional del servicio civil: El Presidente de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del presente acuerdo, presentará al Congreso un proyecto de Ley en el cual se adicione al artículo 8º de la Ley 909, un literal en el que se incluya un delegado del sector estatal por cada una de las centrales de trabajadores existentes, como miembro de la CNSC quienes acreditarán los requisitos propios del cargo y ejercerán las funciones establecidas en la ley.

4.5. Incapacidades médicas: El GOBIERNO NACIONAL presentará un Proyecto de Ley, en el que se precise que las incapacidades médicas deberán ser canceladas en su totalidad por el empleador sin distingos del tipo de enfermedad, bien sea profesional o común.
POLÍTICA LABORAL

5.1. Equidad de derechos laborales entre docentes y administrativos: El GOBIERNO NACIONAL se compromete para con los firmantes del presente Acuerdo, en los tres meses siguientes a su firma, a expedir los decretos, o a elaborar y presentar ante el Congreso de la República el correspondiente proyecto de ley mediante el cual se unificarán, en aplicación al derecho a la igualdad, las garantías laborales de los empleados del sector de la educación del área docente y del personal administrativo respecto a los siguientes temas:
Igualdad de derechos de acceso a la salud (POS); se unificará el (POS) para todos y todos los trabajadores (as) de la educación, ya sean del área de la docencia o administrativos.
Igualdad de derechos en cuanto a la inclusión en los beneficios por bonificaciones, incentivos y reconocimientos laborales de cualquier índole, en zonas catalogadas (especiales) ya sean por orden público o de difícil acceso para el personal docente como administrativos de la educación.
La inclusión de por lo menos un integrante del personal administrativo en los Consejos Directivos de las diferentes Instituciones educativas.
La creación o inclusión del personal administrativo a los comités de seguridad social, salud ocupacional y amenazados, y en especial en lo que respecta a medicina laboral y ARL.

5.2. Unificación de la jornada laboral máxima en el sector público: El GOBIERNO NACIONAL implantará, en todos los sectores del Estado, una jornada única laboral máxima de 40 horas semanales, tope que se aplicará tanto para todo el personal administrativo como descentralizado y de los trabajadores oficiales. La violación de éste tope sin el pago de recargos por parte del empleador constituirá falta disciplinaria grave y dará lugar a las sanciones establecidas en el régimen disciplinario único.

El trabajo desarrollado en horario adicional, seguirá siendo de horas extras con recargo de salario.
POLÍTICA SALARIAL Y PRESTACIONAL.

6.1. Bonificación por servicios prestados: Atendiendo al principio de igualdad empleado para extender la prima de servicios mediante la expedición del decreto 2351 de 2014, el GOBIERNO NACIONAL extenderá la aplicación de la bonificación por servicios de que trata el decreto 1042 de 1978 y las demás normas que le hayan adicionado, sustituido o adicionado a los empleados públicos de las entidades territoriales..



6.2. Prima de riesgo por orden público: Todo empleado del Estado que labore en las zonas clasificadas como especiales de orden público, recibirá la prima especial de que trata el decreto 707 del 17 de abril de 1996, o el que le haya modificado, sustituido o adicionado.

6.3. Prima de riesgo psicosocial: En aquellas dependencias de la administración pública en las cuales se presten servicios especiales a población víctima de la violencia intrafamiliar o social, o en estado de perturbación mental o emocional, farmacodependencia, desplazamiento forzado, y fragilidad y vulnerabilidad social, los funcionarios y funcionarias responsables de su atención, intervención y acompañamiento recibirán una prima mensual adicional del 20% de su asignación básica mensual, mientras permanezcan en tales cargos, como compensación por los posibles perjuicios causados a su salud mental y emocional, y a su entorno familiar.

6.4. Subsidio de transporte por desplazamiento prolongado: El GOBIERNO NACIONAL, en los seis meses siguientes a la firma del presente acuerdo, expedirá un decreto por medio del cual ordenará a los entes territoriales el pago de un “Subsidio de transporte por desplazamiento prolongado” a los servidores del Estado de los niveles asistencial, técnico y profesional cuyo desplazamiento en cualquier medio de transporte, desde su lugar de residencia hasta su sitio de trabajo, supere los treinta (30) minutos. El subsidio se cancelará mensualmente hasta por un 50% del costo total de la tarifa individual del pasaje correspondiente a los días laborados por mes, mientras dure la ubicación del servidor o servidora en el sitio distante.

6.5. Vacaciones. El GOBIERNO NACIONAL, dentro de los seis meses siguientes a la firma del presente acuerdo, expedirá un decreto por medio del cual modificará el sistema de vacaciones de que trata el decreto ley 1045 de 1978 ampliando el tiempo de descanso a veinte días hábiles y la prima de vacaciones a veinte días de salario.
GARANTÍAS SINDICALES.

7.1. Bonificación por asociación sindical: El GOBIERNO NACIONAL, en cabeza del Señor Presidente de la República, en los dos (2) meses siguientes a la firma del presente acuerdo, expedirá un decreto mediante el cual autorizará, a cada nominador, el pago de una “bonificación por asociación sindical” a todas y todos los servidores públicos del país que en ejercicio de su derecho de asociación se encuentren vinculados a alguna organización sindical activa, legalmente registrada ante el Ministerio del Trabajo. La bonificación, que no constituirá factor salarial, se pagará en el mes de junio y diciembre de cada año en un valor equivalente al 40% del salario básico mensual para los hombres, y del 50% para las mujeres. Los nominadores asumirán los respectivos pagos en donde existan servidores/as públicos sindicalizados, para lo cual harán la correspondiente destinación presupuestal.

7.2. Participación en el comité sectorial del sector público: El GOBIERNO NACIONAL, a través del Ministerio del Trabajo, se compromete a incluir en el numeral 6º del artículo 3º de la Resolución 1501 del 22 de agosto de 2001, modificado mediante Resolución 469 del 13 de febrero de 2008, dos (2) delegados del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, como parte integral del Comité Sectorial del Sector Público.

7.3. Asignación de espacios comunales e instituciones para el servicio social: El Presidente de la República, a través del Ministerio de Gobierno, o de quien corresponda, se compromete para con las organizaciones sindicales firmantes del presente Acuerdo, a expedir los actos administrativos pertinentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a su firma, para garantizar la utilización, en calidad de préstamo gratuito, o mediante cesión o comodato de uso, de espacios comunales, o gubernamentales, para la realización de actividades sociales y la prestación de servicios gratuitos dirigidos a la comunidad.

7.4 Negociación por rama: El artículo 7 del decreto 160 de 2014 será modificado en los siguientes aspectos:

Suprímase la expresión “por entidad o por distrito, departamento o municipio” contenida en el artículo 7, y adicionase la expresión correspondiente a la negociación sectorial. El texto del artículo con la supresión y adición será el siguiente:

“Artículo 7o. Ámbitos de la negociación: Constituyen ámbitos de la negociación:
El general o de contenido común, con efectos para todos los empleados públicos o para parte de ellos,por sector, región, departamento, distrito o municipio.”
El singular o de contenido particular por entidad.

Adiciónese el parágrafo del artículo 7 la expresión correspondiente a la representatividad en la negociación de los sindicatos más representativos. El texto del artículo con la adición será el siguiente:

PARÁGRAFO. En el ámbito general o de contenido común, la negociación se realizará con representantes de las confederaciones, federaciones y sindicatos más representativos conforme al principio de proporcionalidad, de empleados públicos y los representantes de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, de Planeación Nacional y del Departamento Administrativo de la Función Pública y por las demás autoridades competentes en las materias objeto de negociación. En el ámbito singular o de contenido particular, la participación de las anteriores instancias será facultativa.

7.5. Apoyo a la actividad sindical estatal: Será deber de la administración pública promover en todas sus instancias el derecho de asociación sindical positivo y la libertad sindical.

7.6. Cuotas sindicales por beneficio de los acuerdos: Cuando un sindicato de empleados públicos en el marco de la negociación colectiva por entidad, afilie al cincuenta por ciento o más del total de los empleados, con base en el principio de reciprocidad, todos los beneficiarios de sus acuerdos de negociación colectiva concurrirán con una cuota mensual igual a la que pagan los afiliados al sindicato.

7.7. Reconocimiento de organismos de dirección y representación sindical: El Gobierno, dentro los tres meses siguientes a la firma del presente acuerdo presentará ante el Congreso de la República un proyecto de Ley para adicionar al literal c, del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, en los siguientes términos:

7.8. Reconocimiento de organismos de dirección y representación sindical: El Gobierno, dentro los tres meses siguientes a la firma del presente acuerdo presentará ante el Congreso de la República un proyecto de Ley para adicionar al literal c, del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, en los siguientes términos:

“Artículo 406.- Están amparados por el fuero sindical:

(…), e) Todos aquellos trabajadores que ejerzan como representantes de los trabajadores en los términos de que trata el artículo 3, literales a) y b) del Convenio 135 de la OIT.”

7.9. Acceso a lugares de trabajo por parte de dirigentes sindicales: Será obligatorio para las instituciones públicas facilitar el ingreso de dirigentes sindicales debidamente acreditados e identificados a los lugares de trabajo de los miembros del sindicato y garantizar el desarrollo de su actividad. El incumplimiento de ésta obligación acarreará sanción pecuniaria por parte de la autoridad de inspección, vigilancia y control del trabajo sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes.

7.10. Espacios de divulgación en medios de comunicación: El GOBIERNO NACIONAL se compromete para con las organizaciones firmantes del presente acuerdo a elaborar o gestionar ante las instancias competentes, en un plazo no superior a seis (6) meses, las herramientas jurídicas que concedan a nuestras organizaciones sindicales el acceso a los medios de comunicación del Estado, impreso, radio, televisión, o digital, en horarios de alta audiencia y en tiempos no inferiores a 20 minutos cuando a ello hubiera lugar, para hacer efectiva la difusión de nuestros derechos de asociación sindical, y la promoción de nuestras acciones y servicios.

7.11. Apoyo en tecnología del min tic: El GOBIERNO NACIONAL fomentará el empleo de las TIC en las organizaciones sindicales y cooperará mediante la financiación de iniciativas, desarrollo de aplicaciones y programas informáticos para el fortalecimiento sindical que promuevan los sindicalistas o sus organizaciones sindicales o aliados estratégicos y la academia.

7.12. Participación en política de empleados públicos: El GOBIERNO NACIONAL reglamentará la Ley 411 de 1997, artículo 9, en cuanto consagra para los empleados públicos los derechos civiles y políticos como esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, contemplando en todo caso obligación determinada en el artículo 127 Constitucional sobre la no utilización del empleo para presionar a los ciudadanos.

7.13. Reconocimiento de estructura: En concordancia con el artículo 3, numerales 1 y 2 del Convenio 87 de la OIT, el GOBIERNO NACIONAL presentará a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley para reformar el artículo del Código Sustantivo de Trabajo en lo adicionado mediante el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, en el sentido siguiente:

“Artículo: El artículo del Código Sustantivo de Trabajo adicionado mediante el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, quedará así: Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de los organismos sindicales que estime necesarios para la adecuada representación de sus intereses y sus miembros.”
VIGENCIA, FAVORABILIDAD, CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y DIVULGACIÓN.

8.1 vigencia: El presente acuerdo laboral tendrá una vigencia de dos años comprendidos entre el 1 de enero del año 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016.

8.2 favorabilidad: Para todos los efectos laborales en caso de que surja duda sobre la interpretación o aplicación de un derecho, siempre se tendrá en cuenta el principio fundamental de favorabilidad constitucional.

8.3 cumplimiento de los acuerdos: Será obligación del GOBIERNO NACIONAL desarrollar directamente mediante decretos, resoluciones, directivas, circulares y demás actos y procedimientos administrativos, dentro de los seis meses siguientes a la firma del acuerdo final y presentar dentro del mismo término para aprobación del Congreso de la República los proyectos de Ley que se requieran para dar cumplimiento a lo pactado; así como su inclusión en los planes y programas que se desarrollen en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

8.4. El presente acuerdo incorpora en su contenido todas las disposiciones laborales y derechos vigentes en tanto no hayan sido motivo de negociación del presente pliego de solicitudes.

8.5. Prórroga: Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, EL SUNET no presenta nuevo pliego de solicitudes, los acuerdos previamente pactados se prorrogarán automáticamente por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Las condiciones pactadas y acordadas en desarrollo del proceso de negociaciones del presente pliego de solicitudes, sólo podrán ser modificadas por acuerdo entre las partes.

Junta Directiva Nacional SUNET
Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
Presidente Nacional

Esther Miranda Tarazona
Secretaria General

Conclusiones del VII Encuentro Nacional de Sindicatos Estatales





Este VII Encuentro Estatal, contó con la participación de 500 delegados de 173 organizaciones y de todas las regiones del país. Se caracterizó por su espíritu amplio, unitario y que marca un peldaño en la lucha por la negociación colectiva plena en el sector público con unidad y movilización. Y concretó, el siguiente PLAN DE ACCIÓN:

Objetivos:
Desarrollar las conclusiones de este encuentro y los anteriores que se encuentren vigentes.
Desarrollar todas las acciones políticas, sociales y jurídicas, que permitan materializar la negociación colectiva.
Fortalecer la unidad de acción en la articulación del Pliego Nacional con los sectoriales y los particulares (se pueden presentar más de 300 pliegos)

Eje político:
La lucha de los estatales está enmarcada en la lucha político general contra el modelo económico, los TLC, el PND, la intromisión de la OCDE y por la Paz, incluyendo al ELN y EPL
Contra el ajuste fiscal de un billón de pesos propuesto por el Gobierno Nacional
La defensa de la salud, la educación y el agua, como derechos fundamentales prestados directamente por el Estado.
Devolución de los dineros descontados a los funcionarios de la rama judicial por el paro realizado el año anterior.
Exigencia al gobierno Nacional para que firme la Ley Estatutaria a la Salud.
El movimiento sindical y en particular los estatales se deberán dotar de propuesta que contrarresten las iniciativas gubernamentales en el Plan de Desarrollo: en salud, educación, agua, pensiones y subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3, etc.
Lucha contra el Acuerdo Internacional Comercial del Agua(TISA)

Eje sindical:
Lucha por un estatuto del trabajo democrático
Defensa del legítimo derecho a la huelga (movilización el 18 de febrero)
Incorporación en la legislación nacional y cumplimiento de los convenios de la OIT
Cumplimiento íntegro por parte del gobierno del Convenio 151 de la OIT
Lucha por un estatuto de personal de los empleados públicos, democrático y participativo.

Eje de la educación político-sindical:
Se deberá realizar cursos sindical básico y medio
Se debe capacitar a los negociadores en temas relacionados con administración públicas, convenios de la OIT y el Decreto 160
Se debe capacitar a los negociadores sobre el manejo presupuestal de los municipios, departamentos, gobierno central, los hospitales, etc.

Eje de la movilización:
Se requiere mantener la unidad de acción de todas las centrales y federaciones en su lucha contra el modelo económico y por el mejoramiento de la calidad de vida de los estatales.
Realización de asambleas sindicales en todo el país.
Realización de los encuentros regionales unitarios
26 de febrero movilización nacional radicando los pliegos: nacional, sectorial, por entidad, por ESE, por municipio incluyendo los certificados y departamentos.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se debe realizar movilización en defensa de la pensión y contra las recomendaciones de la OCDE.
9 de abril, movilización nacional por la Paz
1 de mayo, participación masiva de los estatales en esta celebración
Propiciar debate de control político en los concejos y asambleas sobre las peticiones de los trabajadores


El Paro Nacional Estatal se debería realizar a finales de marzo o principio de abril.



Eje de las comunicaciones:
Se deberá conformar la comisión de comunicaciones integrada por los responsables de este tema y los periodistas de las centrales, federaciones y sindicatos nacionales.
Visita a los medios de comunicación a nivel nacional y regional
Incluir y articular en los programas radiales, de televisión y periódicos, los pliegos de solicitudes.
Incluir en las página web de las centrales, federaciones y sindicatos, los pliegos, la Declaración Política de la cual hace parte este plan.
Sacar afiche, pancartas y chapolas, divulgando los pliegos
Utilizar otros medios masivos como face, whatsapp, correos electrónicos.
El 25 de febrero a las 7:00 p.m., previo a la presentación de los pliegos, lanzaremos una campaña por hashtag, así: #26defebreropliegoestatal….. cada organización utilizará los 140 caracteres de acuerdo a los puntos que considere más destacado en los pliegos.

ESTE PLAN DE ACCIÓN FUE APROBADO POR LA PLENARIA DEL VII ENCUENTRO NACIONAL ESTATAL

CUT, CTC, CGT, FENALTRASE, UTRADEC, UNETE, FENASER, FECOTRASERVIPUBLICOS, ISP

Video de la movilización del Sunet

Para ver el vídeo de la Primera Marcha Nacional: RADICACIÓN PLIEGO DE NEGOCIACIÓN SINDICA, haz "click" en el siguiente vínculo:


Se restablece derecho a la huelga en la OIT



En la Conferencia de la OIT del año 2012, los empleadores del mundo establecieron una estrategia encaminada a eliminar el Derecho a la Huelga como un derecho fundamental asociado a los derechos de asociación y negociación contenidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT.
Esta actitud sobradora y desafiante de los empleadores para acallar y aplastar la herramienta que tenemos los trabajadores y los movimientos sociales para reclamar derechos, pretendía desconocer una larga y sistemática actividad de reconocimiento del derecho a la huelga como un derecho fundamental por más de 60 años en la OIT tanto en la comisión de expertos como en el Comité de Libertad Sindical y que se constituía como un elemento progresivo de las múltiples actividades en la OIT que tiene que ver con los derechos laborales y sindicales.

Este desafío de los empleadores del mundo que tuvo entre otras personas muy activa al Doctor Alberto Echavarría de la ANDI, conllevo a la parálisis de los órganos de control de la OIT especialmente de la comisión de normas que represento que en los años 2012, 2013 y 2014 no hubiera por parte de los órganos de control seguimiento y control a los convenios de la OIT en los 25 países que cada año se eligen al respecto.

La respuesta a los trabajadores no se hizo esperar, y la CSI especialmente desato una campaña mundial para restablecer este derecho en la OIT que acaba de suceder en la Comisión Tripartita reunida en Ginebra en el pasado mes de Febrero.

La CSI convocó al mundo sindical a realizar una Jornada Mundial en defensa por el derecho a la huelga el pasado 18 de febrero que conto con más de 100 acciones de movilización en cerca de 60 países exigiendo que gobiernos y empleadores desistieran de tan regresivo propósito, que sin lugar a dudas ayudo al restablecimiento de este derecho en la OIT.

No dudamos en señalar que este ha sido un triunfo de la movilización y el diálogo social de los trabajadores y la labor dirigente de la CSI-CSA en el planeta a la cual estuvo vinculada la Central Unitaria de Trabajadores con un excelente conversatorio realizado en Bogotá y otras ciudades del país el día 18 de febrero.
Bogotá, 05 de marzo de 2015

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA                             FABIO ARIAS GIRALDO
Presidente CUT NAL                                               Secretario General CUT NAL

Apuntes sobre las mujeres en el trabajo en Colombia, a propósito de la conmemoración del 8 de marzo




Por Viviana Osorio Pérezm, responsable tema Mujer y Trabajo de la ENS

En este 2015 se cumple el 20º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, una agenda que apunta al empoderamiento de las mujeres y plantea una hoja de ruta y el marco de políticas internacional más exhaustivo para la acción hacia la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Esta Declaración fue el resultado de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 1995, donde los 189 gobiernos participantes acordaron compromisos sin precedentes en cuanto al logro de la equidad de género y la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas.

En 1977 la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

La Plataforma de Acción abarca 12 esferas de especial preocupación, que continúan siendo tan relevantes hoy como hace 20 años: la pobreza; la educación y la capacitación; la salud; la violencia contra la mujer; los conflictos armados; la economía; el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos; los medios de difusión; el medio ambiente; y la niña. Para cada esfera se identificaron objetivos estratégicos, además una serie detallada de medidas que los gobiernos y otras partes interesadas deben llevar a cabo a nivel nacional, regional e internacional.

Latinoamérica y el Caribe han sido testigos de avances y mejoramiento de las vidas de mujeres y niñas en estos 20 años. Las feministas y movimientos de mujeres tienen un rol activo y vital en el encabezamiento de estos cambios, los cuales se han traducido principalmente en nuevos marcos legales y transformación de los existentes. Sin las contribuciones, incidencia y demandas constantes de estas organizaciones de mujeres el balance sería desalentador.

Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para lograr la equidad de género en todas las esferas, especialmente para que las mejoras que están en el papel se traduzcan en cambios concretos que mejoren el día a día de las mujeres y las niñas.

A propósito de Beijing+20, esta semana se está realizando en Nueva York el 59º período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en el complejo de las Naciones Unidas. Miles de activistas de derechos humanos de las mujeres y sus organizaciones hacen el balance de los 20 años de la Declaración de Beijing y proyectan acciones a futuro, especialmente en temas emergentes y nuevas formas de discriminación y exclusión de las mujeres.

Líneas de la Declaración en materia regulatoria

En lo que se refiere a las mujeres en la economía, la Declaración desarrolla las siguientes líneas:
Acceso de las mujeres al mercado laboral.
Segregación horizontal y vertical de las mujeres (concentración en sectores tradicionalmente femeninos y mínimo ejercicio de roles de autoridad y dirección).
Informalidad.
Afectaciones por los cambios en las estructuras del empleo (tercerización e intermediación laboral).
Dificultades para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
Concentración en las mujeres de las cargas trabajo doméstico y del cuidado no remunerado.
Mujeres migratorias, en especial trabajadoras domésticas.
Mujeres rurales.

Avances en legislación y política pública en Colombia

En nuestro país los avances surtidos en materia legislativa y de política pública, son los siguientes:
Ley 581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.
Ley 731 de 2002, que dicta normas para favorecer a mujeres rurales.
Ley 1023 de 2006, vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al sistema de seguridad social en salud, entre otras disposiciones.
Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, en especial el Decreto 4463, referido a las mujeres y el trabajo.
Ley 1413 de 2010, que regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.
Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales, y se dictan otras disposiciones. Esta ley ha permitido las cuotas en la conformación de listas a cargos de elección popular.
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y se dictan otras disposiciones. Es muy importante este marco legal considerando que las mujeres trabajadoras, sindicalistas o no, han vivido de manera diferenciada y desproporcionada los efectos de la violencia antisindical.
Ley 1496 de 2011, por la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación, y se dictan otras disposiciones. Como esta ley aún no se ha reglamentado, la Comisión de Expertos de la OIT ha hecho diversas recomendaciones sobre su reglamentación, entre ellas la formulación de factores con enfoque de género para la medición de los cargos.
Política pública e equidad laboral con enfoque diferencial de género, formulada por el Ministerio del Trabajo.
En diciembre de 2012 el Gobierno Nacional ratificó el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos”. A partir de allí ha expedido dos normas: el Decreto 721 de 2013, que regula la afiliación de las y los trabajadores del servicio doméstico al sistema de “Compensación Familiar”. El Decreto 2616 de 2013, para la cotización a la seguridad social de trabajadoras y trabajadores que laboran por períodos inferiores a un mes.

La posición y condición de las mujeres en el mercado laboral

Para el 2014, el 46,6% de las mujeres y el 64.8% de los hombres en edad de trabajar se integraron al mercado laboral. Es decir, persiste una brecha de 22 puntos porcentuales entre la ocupación femenina y masculina. Así las cosas, alrededor de 9 millones de mujeres están en el mercado laboral, o sea 5 de cada 10. Sin embargo, se presenta una tendencia sostenida de disminución de esta brecha. En los últimos 4 años la ocupación femenina se ha incrementado en un promedio de 2.16% por año, mientras que la masculina se incrementa a un ritmo más lento (0.78% anual).

La tasa de desempleo promedio en 2014 fue el 9,1%, que marca una disminución de 2.6 puntos porcentuales respecto de 2010. Sin embargo, la brecha de género en esta materia presenta un comportamiento inestable: 5 puntos porcentuales en 2014, muy alto en comparación con la brecha promedio en América Latina, que en los últimos años fue en promedio de 2 puntos porcentuales[1].

En el caso de los hombres, la tasa de desempleo se ha reducido 2 puntos porcentuales en los últimos 4 años, siendo para el 2014 de 6.96%, mientras en el 2010 había alcanzado una tasa de 8.96%, presentándose una reducción promedio anual del 6%. La tasa de desempleo de las mujeres disminuyó 3.7 puntos porcentuales en los últimos 4 años, ubicándose en 2010 en 15.64%, y en 11.93% en 2014, o sea una reducción anual promedio de 6.5%.

Las mujeres representan el 46% de la población en condiciones de trabajo informal. Alrededor de 5 millones de ellas se ubican en la población inactiva, otros casi 5 millones trabajan en condiciones de trabajo informal y únicamente un poco más de 2 millones tienen una opción formal de trabajo, lo que representa apenas el 12% de la población de mujeres en edad de trabajar.

Las mujeres se ubican preeminentemente en tres sectores de la economía: comercio, hoteles y restaurantes (34%); servicios comunales, sociales y personales (32%). La distribución de los hombres muestra una mayor concentración en los sectores de agricultura, pesca, ganadería (23%), y en comercio, hoteles y restaurantes el 22%.

El mercado de trabajo colombiano sigue siendo rígido en cuanto a la distribución de profesiones y oficios en clave de estereotipos sexistas. 7 de cada 10 personas en el sector de los servicios sociales, comunales y personales son mujeres, y 9 de cada 10 personas en la construcción y 8 de cada 10 en la agricultura, pesca y ganadería, son hombres. Y por otra parte, los sectores feminizados son los que presentan niveles más altos de desempleo: 24% en los servicios sociales, comunales y personales, y 29% en el sector de comercio, hoteles y restaurantes.

En general, la distribución de las mujeres en el mercado laboral está mediada por la adscripción a ellas de las actividades del cuidado, esto es: la educación, la salud, la atención al cliente, el cuidado de niños, niñas y personas mayores, actividades realizadas sobre todo por mujeres. De hecho, al analizar las relaciones de género que subyacen a la posición ocupacional, se encuentra que el 95% de las 710.000 personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, son mujeres. Es un sector entonces profundamente precarizado y racializado.

Solamente el 25.8% de las mujeres tiene un cargo de dirección o autoridad, y representan el 25.7% de las personas en este rol. Lo que indica que hay un predominio de hombres a la cabeza de las organizaciones.

A 20 años de Beijing cabe resaltar que el fenómeno de la tercerización e intermediación laboral se ha expandido y ha profundizado las brechas y empeorado las condiciones del empleo, siendo a su vez más rígida en cuanto a la adopción de medidas de corresponsabilidad de los cuidados.

Las empresas acuden a la intermediación laboral para reducir costos laborales. Las y los trabajadores intermediados perciben menos ingresos que el personal contratado directamente a término indefinido. Los y las intermediadas son un factor de ajuste de las variaciones de actividad, y luego sufren desempleo recurrente e ingresos laborales discontinuados. Algunos intermediados no tienen contrato laboral, no acceden a ciertas prestaciones sociales y no son cubiertos por las convenciones colectivas, no se benefician de sus cláusulas económicas[2].

La agenda del cuidado

La distribución de género de la inactividad y sus tipos da cuenta de que caso 5 millones de mujeres se dedican exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Asimismo, las mujeres que participan del mercado laboral presentan doble jornada, es decir, aparte de las horas dedicadas a la actividad remunerada, se ocupan del cuidado de otros.

La ENUT dice que las mujeres trabajan en promedio más de 13 horas diarias, y más de 17 en el rango de edad de 25 a 45 años. En esas actividades las mujeres participan 26 puntos porcentuales más que los hombres, y les dedican tres veces más tiempo que ellos: 6:35 vs. 2:00, y cuatro veces en el área rural: 7:37 vs. 1:53. El número de horas que las mujeres trabajan sin remuneración ni cotización para obtener pensión, representaría el 20,4% del PIB, más que cualquier otro sector.

En 2014 el 46% de las mujeres y el 25% de los hombres conformaron la población en edad de trabajar “inactiva”. Esto es, 7 de cada 10 personas inactivas son mujeres. Al indagar por las actividades a las que unas y otros se dedican, se encuentra que el 57% de las mujeres inactivas se dedica a oficios del hogar y el 30% a estudiar. En el caso de los hombres la situación es inverso: el 60% se dedica a estudios y el 7.4% a oficios del hogar. En el último cuatrienio no se presentaron variaciones importantes en esta distribución.

Las actividades remuneradas en salud, educación y servicio doméstico aportan apenas la tercera parte del valor agregado generado en la economía del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. La distribución social del cuidado está en las familias, y allí en las mujeres. Entender socialmente el cuidado como un trabajo en todas sus dimensiones y reconocer su valor económico y social, implicará entender que se trata de una necesidad social, un derecho universal y un asunto impostergable para la equidad de género.

Después de realizada una medición de los usos del tiempo y del valor aportado por estas actividades a la economía, el gran reto es la formulación de políticas que hagan posible la realización del derecho universal al cuidado, por un lado, y la transformación de las relaciones de género por el otro; relaciones que se tornan desiguales para las mujeres por la mayor carga en la provisión de cuidados.

Frente al trabajo doméstico remunerado es necesario aplicar más ampliamente el Convenio 189 de la OIT, de tal manera que se desarrolle un marco regulatorio ajustado a las particularidades del sector, encaminado a generar condiciones de trabajo decente. La reciente sentencia de la Corte Constitucional C-871 de 2014, que reconoce a las personas en este sector el derecho a percibir la prima de servicios, es un importante avance hacia la igualdad. Sin embargo, la alta informalidad del sector plantea serios desafíos en materia de formalización laboral e inspección. La desconcentración de esta población plantea la pregunta sobre la realización del derecho de libertad sindical y el conocimiento de los derechos y el empoderamiento para el ejercicio de los mismos.

Otro punto de preocupación es la persistencia de cierto orden simbólico esclavista del trabajo doméstico, que obstaculiza que la sociedad reconozca el valor económico y social de este oficio. Frente a las trabajadoras migrantes en este sector existe un vacío de regulación.

Agenda laboral de las mujeres para la paz

Una de las esferas de la Declaración de Beijing es “Mujeres y conflicto armado”. Señala la importancia de promover la participación de la mujer en condiciones de igualdad en todos los foros y actividades en pro de la paz, en particular en la adopción de decisiones, en integrar una perspectiva de género en la solución de los conflictos armados, formación apropiada a fiscales, magistrados y a otros funcionarios que se ocupen de casos relativos a violaciones de ddhh, y promover la identificación de las afectaciones a las mujeres y las niñas, para que las medidas de reparación y garantías de no repetición sean integrales.

Dos dimensiones deberían considerarse en el tema de la agenda laboral para la paz en colombia. En primer lugar, que las agendas laborales pensadas en clave de paz son importantes herramientas para transformar las profundas condiciones de inequidad social que dieron cabida al conflicto. En segundo lugar, que la violencia antisindical generó un impacto diferenciado y desproporcionado para las mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas, y para las reivindicaciones laborales de las mujeres, por lo que la reparación colectiva al movimiento sindical debería contener un enfoque de género y mecanismos para la efectiva participación de las mujeres trabajadoras.

Y pensando en el posconflicto y en la construcción de una paz duradera, es necesario que las mujeres participen y que las agendas de reparación integren las expectativas y necesidades de ellas; y en particular, la construcción de un nuevo pacto social transformador de las relaciones de género en el trabajo constituye un deber político y un imperativo ético. La reparación está llamada a ser transformadora de las relaciones de género en el mundo del trabajo remunerado y no remunerado.

Algunos de los puntos que poco a poco han venido configurando esta agenda desde las mujeres sindicalizadas, y que confluyen en varios puntos con las demandas de las organizaciones de mujeres, son los siguientes:
Revisión de las condiciones de discriminación a las que han sido sometidas las mujeres trabajadoras, la precarización y brechas de empleo y salariales, e implementar políticas para disminuir este fenómeno.
El reconocimiento del valor económico y social del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como la generación de condiciones de trabajo decente para las y los trabajadores del servicio doméstico, donde una gran proporción ha sido víctima del conflicto armado.
La ratificación y el cumplimiento de los tratados internacionales de los derechos de las mujeres y de las normas nacionales; garantizar el acceso a la justicia en derechos económicos, sociales y culturales. La reglamentación de la Ley de equidad salarial (Ley 1496 de 2011) sigue estando pendiente.
Fomentar el empoderamiento de las mujeres y promover su derecho de libertad sindical, para que participen en procesos de negociación colectiva en las empresas y sectores. Y en general de diálogo social, incluso con el Estado, en particular en el trabajo doméstico y la informalidad.
Para las mujeres víctimas de la violencia antisindical, la reparación transformadora implicaría el diseño e implementación de una política integral que garantice sus derechos de acceso a la justicia, a la igualdad y equidad en el mudo laboral. La creación de una comisión de la verdad sobre la dinámica de la violencia antisindical, recogiendo la diversidad de mujeres y sus voces, es fundamental para construir memoria y restablecer un mundo sindical con las mujeres en el centro.
La implementación de políticas para evitar la reproducción en los medios de comunicación de estereotipos de discriminación contra las mujeres y de estigmatización por la afiliación a un sindicato.
Medidas de eliminación, prevención y sanción de conductas de violencia basada en género en las empresas públicas y privadas.
La garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el trabajo y la compatibilidad de la vida familiar, personal y laboral.

Se requieren estudios sobre cómo ha afectado a las mujeres el fenómeno de la violencia antisindical, así como estrategias para asegurar el acceso a la justicia de estas mujeres, afectadas por la alta estigmatización de “lo sindical”, y su participación en los espacios de configuración de la reparación colectiva al movimiento sindical. Una mayor voluntad política para superar la profunda inequidad en el trabajo remunerado y no remunerado será, por excelencia, una efectiva garantía de no repetición.

Publicado 10 marzo 2015.



[1] CEPAL (2013) Mujeres en la economía digital: superar el umbral de la desigualdad. Disponible en: [http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/51083/Mujeresenlaeconomiadigital.pdf]


[2] OSORIO, Viviana y FARRÁS, Julio (2014). El concepto de lo misional permanente y la tercerización ilegal. Análisis sociológico y de la jurisprudencia de las Altas Cortes Colombianas. ENS, Medellín.

La USO declaró PARO Petrolero en todo el país por la salvación de Ecopetrol


La Unión Sindical Obrera (USO) declaró en paro a los trabajadores de Ecopetrol y el sector petrolero de todo el país. La decisión fue tomada el 4 de marzo por la Junta Directiva Nacional del sindicato, luego de deliberar por más de ocho horas en su sede de Barrancabermeja, y confirmar las facultades que el pasado 27 de febrero le otorgó su Asamblea de Delegados.

El presidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Castaño, advirtió que será una comisión especial delegada por el sindicato la que determine la hora cero del paro, la cual tiene que ser lanzada en el término de los siguientes días, con fecha límite del 26 de marzo, justo cuando se desarrollará la asamblea de accionistas de Ecopetrol.

“Después de haber valorado la reunión del martes con el Gobierno y todas las decisiones que se han tomado, por parte del mal manejo de la política petrolera dada por el gobierno de Juan Manuel Santos, la organización sindical ha determinado por mandato de la Asamblea Nacional de Delegados, salir a un paro de carácter indefinido por la salvación de Ecopetrol, como una empresa ciento por ciento estatal, hoy amenazada por el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo donde se da facultades al Gobierno para enajenar, vender o escindir activos de la compañía”, argumentó el líder sindical.

El presidente de la USO indicó que la decisión tomada también se deriva de la política de despidos masivos adoptada por el Gobierno y Ecopetrol.

“La verdadera masacre laboral se está viendo en el sector petrolero, cuando hoy más de 10.000 trabajadores se han visto por fuera de sus puestos de trabajo. Ecopetrol canceló el contrato a 557 trabajadores en el ICP, en Tibú alrededor de unos 400 trabajadores salieron de firmas contratistas, en Cantagallo más de 100 trabajadores salieron, en Casabe un número igual, entonces hay que dar una respuesta como organización sindical”, reiteró.

La razón del PARO

La determinación de dar tales facultades, según la USO, se argumenta en que es una medida de los trabajadores para enfrentar las decisiones que se están adoptando.

“Vemos en serio riesgo la existencia de Ecopetrol, cada vez es más inminente que se anuncie su privatización. Exigimos que Ecopetrol retome la operación directa de campos como Rubiales, que se culmine en la mayor brevedad y con la mayor rigurosidad técnica y económica el proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena, pero también que se asegure el compromiso del Gobierno de la realización del PMRB”, explicó Barón.

Finalmente, Barón insistió en decir que “se va a implementar un paro nacional indefinido hasta tanto el Gobierno Nacional y las empresas se comprometan con las comunidades y los trabajadores a respetar los derechos y se dé solución a las peticiones (trabajo, salarios dignos de la industria petrolera, respeto al medio ambiente, compras locales, preservación de la inversión social)”.

Un detonante

El anunció del despido anticipado de 600 trabajadores del ICP se convirtió en uno de los detonantes de la decisión tomada ayer por la asamblea de delegados de la USO.

Así lo hizo saber el presidente de la junta directiva nacional de la USO, Edwin Castaño, quien advirtió que “nos informan que Ecopetrol acaba de cancelar los dos contratos comerciales con TIP y Pexlab, donde lamentablemente las políticas de Ecopetrol ya se vienen cumpliendo, y es el despido masivo de trabajadores sin el lleno de los requisitos, sin la intermediación del Ministerio del Trabajo. Son 600 trabajadores que no se les renovará el contrato. Son casi 1.800 personas que dependen de estos 600 trabajadores”.

“Ahora Ecopetrol quiere cargar sobre los hombros de los trabajadores toda la responsabilidad de la crisis de los precios del petróleo, cuando no han visto los altos salarios que ganan los altos directivos de la estatal, el despilfarro y la corrupción. Vamos a tomar una decisión de jalonar un movimiento nacional con todo el sector petrolero, no solo con Ecopetrol sino todos los trabajadores de la industria petrolera del país”, aseguró Castaño en Barrancabermeja.

Acciones

Edwin Castaño indicó que la USO adelantará acciones, de aquí al 26 de marzo, que es la fecha límite que tiene el sindicato para hacer efectiva la hora cero del paro.

“En este tiempo también la USO tendrá la disposición de sentarse con el Gobierno Nacional para definir una verdadera política petrolera, que hoy se está viendo amenazada”, advirtió.

Según Castaño la comisión especial de la USO será la que determinará el día y la hora del inicio en firme del paro nacional petrolero, por tanto dijo que “pede ser mañana (hoy), el viernes, el sábado, de aquí al 26 de marzo”.

Por su parte el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, advirtió ayer que el paro “sería un suicidio dadas las condiciones actuales”.

“Si hay un paro no solo se verá afectado Ecopetrol y el empleo, sino también la producción petrolera en el país con la cual se financian programas sociales del Gobierno como Familias en Acción, Colombia Mayor, y de víctimas”, señaló Garzón.

“Con Ecopetrol vamos a buscar todos los mecanismos posible para que lo que la USO considera es una arbitrariedad lo superemos, pero lo que menos se puede afectar hoy es la producción, al trabajador. La interlocución y el diálogo deben ser fortalecidos”, manifestó.

Alcalde y Concejo

Ante el paro anunciado por la USO, el alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona, dijo que este no le conviene a nadie. “Todos estamos en la capacidad de auto convocarnos para buscar una salida, yo creo que salir a un paro o a una huelga es la extrema, eso hay que evitarlo, por eso haré gestiones como alcalde y como presidente de la Federación Colombiana de Municipios, ante el Gobierno Nacional para que junto con Ecopetrol y todos podamos dialogar. Yo creo que la crisis, no hay que mirarla como crisis, sino como una oportunidad”, señaló Bueno Altahona.

Por su parte, el presidente del Concejo de Barrancabermeja, René Tordecillas, aclaró que su corporación no se inmiscuye en las decisiones de la USO de ir o no a paro.

“La USO tiene unos derechos y deberes que defender, y nosotros no nos queremos meter en eso. Sin embargo el municipio se ve afectado por el paro”, manifestó.


Luchan por el Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja

En horas de la mañana de ayer, antes de declararse el paro nacional petrolero, fue oficializado el Comité Cívico Prodefensa del Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB).

Ante decenas de trabajadores de Ecopetrol, a quienes Ecopetrol cerró su ingreso durante dos horas, los voceros del Comité anunciaron las tareas que este desarrollará en los próximos días: el 11 de marzo se llevará a cabo en Barrancabermeja un foro regional de alcaldes, especialmente de influencia petrolera, el 16 de marzo una delegación del Comité asistirá en Bogotá a una sesión de la Comisión Quinta del Senado en la que se debatirá la reversión de campos petroleros, y el 9 de abril será adelantada en el Puerto Petrolero una sesión conjunta descentralizada de la Asamblea de Santander y el Concejo de Barrancabermeja.

El Comité agenda una gran movilización nacional.

“Está la seguridad energética y la soberanía nacional de por medio, y por eso la USO cree que la modernización y ampliación de la refinería debe comenzarse como estaba presupuestada. Los precios de levantamiento del crudo están alrededor de los 20 dólares, con esto y recuperando campo Rubiales para Ecopetrol, a unos bajos precios el proyecto es viable”, afirmó el presidente de la USO, Edwin Castaño.

Por su parte, el presidente del Concejo de Barrancabermeja, René Tordecillas, recordó que “el único que dijo que el PMRB no se ejecutaba fui yo, fue el Concejo de Barrancabermeja, todo el mundo en Barrancabermeja y en el país sabía que el PMRB no iba, y nosotros tuvimos el carácter y el valor de decirle al país, a Barrancabermeja y la región que el PMRB no iba”.

A su vez el diputado de la Asamblea de Santander, Roberto Schmalbach, advirtió que Colombia produce crudo pesado y este tipo de hidrocarburo está perdiendo demanda internacional, al bajar el precio Colombia no encontrará mercado para ese tipo de crudos, y la mejor oportunidad es la modernización de la refinería de Barrancabermeja.

Ante esto Ecopetrol respondió a Vanguardia Liberal que “en este momento lo que necesita Ecopetrol es finalizar el proyecto de Reficar, pues la prioridad es poner en marcha la refinería de Cartagena. Cuando se adopte una decisión sobre el proyecto PMRB será oficialmente notificado”.

Ecopetrol frente al paro

Ecopetrol advirtió a Vanguardia Liberal que una huelga sería considerada como ilegal, asimismo, aseguró que ha invitado al sindicato a analizar conjuntamente la situación y hacer propuestas para superar la crisis.

“Siempre estaremos dispuestos al diálogo. Es importante aclarar que la empresa no está pensando en hacer despidos colectivos, siempre ha sido y seguirá siendo una oportunidad de empleo y desarrollo para los trabajadores, contratistas y comunidades”, afirmó la estatal.

Ecopetrol explicó que por la coyuntura se ha visto obligada en razón del ajuste en sus presupuestos a posponer la renovación de algunos proyectos, y que espera que la situación del mercado se recupere.

“Los precios actuales obligan a las empresas a implementar un fuerte plan de reducción de costos y gastos. En Ecopetrol estas disminuciones implican que a nivel de contratación algunos de los contratos o convenios no se puedan ejecutar, y en otros casos estamos realizando procesos de optimización y renegociación con nuestros aliados contratistas”, aseguró Carlos Zamudio Rojas, director del Centro de Servicios Compartidos de Ecopetrol.



NOTA: Este contenido ha sido editado tomando cómo base uno publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/301895-la-uso-declaro-el-paro-petrolero-en-todo-el-pais.